Más de 800 familias avanzan hacia la certeza jurídica de su patrimonio
LOGRA ARMANDO MARTÍNEZ JUSTICIA SOCIAL PARA HABITANTES DE LOS OLIVOS
En un acto que fortalece la seguridad patrimonial de cientos de familias, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó la firma del contrato de mandato de ampliación en el fraccionamiento Los Olivos, polígonos B y B-1, con el objetivo de avanzar en la escrituración de 880 predios.
Con esta acción, el Ayuntamiento de Altamira, en coordinación con autoridades federales, brinda certeza jurídica, consolidando un paso clave hacia la regularización de sus viviendas. En el evento participaron el director general de FIFONAFE, Samuel Peña Graza, y el director general de INSUS, Víctor Rubén Guzmán, quienes respaldaron este esfuerzo institucional en favor del bienestar social. “Refrendamos el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el gobernador Américo Villarreal Anaya, para seguir transformando Altamira y generar beneficios reales para todas las familias”, expresó el alcalde. La firma de este acuerdo representa un avance significativo en materia de justicia social, al garantizar a las familias altamirenses la legalidad sobre su patrimonio y mejores condiciones de vida.
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Con esta acción, el Ayuntamiento de Altamira, en coordinación con autoridades federales, brinda certeza jurídica, consolidando un paso clave hacia la regularización de sus viviendas. En el evento participaron el director general de FIFONAFE, Samuel Peña Graza, y el director general de INSUS, Víctor Rubén Guzmán, quienes respaldaron este esfuerzo institucional en favor del bienestar social. 
“Refrendamos el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el gobernador Américo Villarreal Anaya, para seguir transformando Altamira y generar beneficios reales para todas las familias”, expresó el alcalde. La firma de este acuerdo representa un avance significativo en materia de justicia social, al garantizar a las familias altamirenses la legalidad sobre su patrimonio y mejores condiciones de vida.
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