EXIGEN ARMANDO MARTÍNEZ Y DIPUTADAS FEDERALES JUSTICIA SOCIAL PARA EL SECTOR CAMPESINO
En una muestra de unión y exigencia, las diputadas federales por Tamaulipas, Claudia Narro Panameño (distrito VI), Olga Juliana Elizondo Guerra (distrito VII) y Claudia Alejandra Hernández Sáenz (distrito II), se sumaron al llamado del presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, para defender los derechos de los campesinos de la región. Los legisladores y el alcalde hicieron entrega de un documento dirigido a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, solicitando la reconsideración de una decisión administrativa que afecta gravemente al sector agrario de la zona.
El alcalde y las diputadas federales pidieron que, desde el ámbito de su competencia, la Magistrada Presidenta actuara para revertir el Acuerdo General 2/2025, que modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 30 y 43, y propone la eliminación de la sede alterna del Distrito 30ª, ubicada en Altamira, Tamaulipas. Reestructuración que afecta directamente a los campesinos de la región, quienes perderían el acceso inmediato a la justicia agraria.
En su solicitud, las autoridades destacaron revocar el acuerdo y mantener la sede en Altamira: solicitando que se deje sin efecto el acuerdo que modifica la sede y competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, argumentando que la medida no responde a criterios de justicia social y equidad.
Hicieron un llamado para que se respete el convenio realizado en 2023, que aseguraba la permanencia del Tribunal en la región, y destacaron las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Altamira, que destinó 2 millones 580 mil pesos para remodelar las instalaciones del Tribunal y garantizar un espacio adecuado para sus actividades.
Argumentaron que la decisión de mover la sede carece de justificación, ya que el Tribunal en Altamira proporciona acceso equitativo a campesinos y comunidades de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
Los firmantes también recalcaron que esta decisión podría ser discriminatoria y violatoria de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su documento, exigieron que se garantice la justicia pronta y expedita para las comunidades campesinas de la región, y que se respete la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.
El llamado a la justicia social y a la garantía del derecho a la justicia agraria continúa de manera firme de parte del alcalde altamirense y las legisladoras federales, que buscan salvaguardar el bienestar de las y los campesinos y pueblos indígenas de la región.
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